Decisiones que protegen derechos económicos, sociales y culturales de la población migrante y refugiada

Tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados deben garantizarles a todas las personas: la alimentación, el acceso al agua potable, a tener un trabajo que le permita al individuo desarrollar su vida y desenvolverse en la sociedad, la participación en la vida cultural, a cotizar en seguridad social, a una vivienda digna, y acceso al Sistema de Salud que le proporcione calidad de vida.

La Corte Constitucional colombiana ha definido que todas las personas residentes en el país ya sean extranjeros o nacionales, tendrán y gozarán de los mismos derechos^[1], por lo cuales deber del Estado garantizar esta protección y correspondiente ejecución. Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que esto no supone que los extranjeros puedan omitir las leyes nacionales, como lo es la obligación de regularizar su estancia en el país.

Es por eso, que las autoridades colombianas trabajan en conjunto constantemente para guiar a los extranjeros en este trámite con el fin de ayudarles a mejorar sus condiciones de vida y a vivir en la regularidad. De este modo podrán gozar sin barreras administrativas a derechos como la seguridad social, un contrato laboral lícito y prestaciones de ley.

A continuación, presentamos este acápite con las posiciones que han tenido Cortes Internacionales, Altas Cortes colombianas, algunos tribunales y juzgados con respecto al derecho al trabajo, a la familia y, a la educación en asuntos relacionados con barreras de acceso a la educación y la convalidación de títulos educativos; el derecho a la salud en pacientes con enfermedades catastróficas, y el derecho a la salud en niños, niñas y adolescentes.

^[1] Corte Constitucional. Sentencia T-006 de 2020, M.P Cristina Pardo Schlesinger, disponible: https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2020/T-006-20.htm