Decisiones que protegen derechos civiles y políticos de la población migrante y refugiada

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos^[1] protege la vida y la libertad del individuo. Este y otros instrumentos internacionales de protección de derechos humanos consagran mecanismos internacionales de protección y salvaguarda de derechos inalienables de las personas. Las Entidades Internacionales han identificado una amenaza evidente a estos derechos por la violación constante a la integridad personal, al derecho a la nacionalidad y al debido proceso; derechos, entre otros, presentados en este acápite.

Debido a la emergencia política, económica y social que atraviesa Venezuela, millones de personas se han visto en la obligación de abandonar su país y todo lo que habían formado durante años para poder emigrar y así brindarle una mejor condición de vida para sus familias. Sin embargo, en este proceso migratorio a menudo se encuentran con otras barreras de acceso a servicios básicos de salud, educación, participación política y hasta decidir sobre sus propias vidas. Cabe recordar también, que a pesar de que es un deber del Estado promover y proteger la formación integral, tanto de la familia como la de los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de especial protección, en muchas ocasiones esto no sucede.

El siguiente acápite se ocupa de las decisiones sobre la protección de los derechos civiles y políticos: derecho a la integridad personal, derecho a la nacionalidad en casos como apatridia y registro civil extemporáneo y, finalmente, derecho al debido proceso. 

^[1] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1966, disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights