El Estado colombiano ha ratificado múltiples tratados, convenciones y protocolos internacionales que lo obligan a garantizar una serie de derechos y garantías a toda persona con calidad de migrante o refugiado en el país. En respuesta al flujo migratorio de Venezuela, el gobierno ha implementado diversas medidas para facilitar la movilidad y minimizar la irregularidad migratoria, entre ellas se encuentran: la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y el Permiso por Protección Temporal (PPT). Sin embargo, algunos juzgados y tribunales han emitido pronunciamientos en relación con las barreras de acceso al PPT y el incumplimiento de los términos de entrega por parte de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, acción que atenta contra los derechos fundamentales.
