Las violencias basadas en género, generalmente, tienen su origen en los prejuicios, la discriminación y la desigualdad histórica y universal que las mujeres y las minorías de género han sufrido. Este tipo de violencias se pueden ejercer en todos los ámbitos de la vida y en todos los escenarios en los que se mueva la persona, por ejemplo, las relaciones de pareja, la familia, el trabajo, la política, la religión, entre otros. Las violencias basadas en género no incluyen solamente maltratos físicos, sino también psicológicos y, como tal, crean en la persona una sensación de indefensión, inseguridad y de temor de que atenten contra su dignidad humana.
El Estado Colombiano en virtud de los postulados constitucionales y las disposiciones internacionales, tiene la obligación de evitar la comisión de actos que configuren cualquier tipo de violencia basada en género y emprender acciones sancionatorias cuando ya estas conductas reprochables se hayan constituido, todo en favor de la protección de los derechos de las víctimas.
Muestra del esfuerzo del Estado por cumplir con estas obligaciones es la promulgación de leyes como la Ley 823 de 2003, la Ley 1257 de 2008, y la Ley 1761 de 2015; así como también, la ratificación de la Convención do Belém do Pará.
Los tribunales locales y aquellos de rango internacional han sido reiterativos en destacar la importancia de trabajar por desterrar este tipo de violencia y garantizar la salvaguarda de los derechos de las personas que la hayan sufrido.
En esta sección presentamos pronunciamientos de Comités Internacionales sobre casos donde se muestran manifestaciones de violencias basadas en género y se recalcan los deberes de los Estados para combatirlas o repararlas.
Considerando los múltiples obstáculos que enfrenta la población migrante en Colombia, las organizaciones de Cooperación Internacional, a través de la financiación y ejecución de proyectos; los Consultorios jurídicos, por medio del acompañamiento legal; y las diferentes ramas del poder público, en razón del cumplimiento de sus funciones; se han esforzado por definir, proteger y aclarar los derechos de la población extranjera dentro del territorio.
