Las personas migrantes tienen derecho a trabajar como cualquier otro nacional, no obstante, a menudo enfrentan condiciones desiguales por su situación irregular y los estigmas sociales. Algunos se ven obligados a trabajar en empleos precarios e ilegales, exponiéndose a abusos y violaciones de sus derechos laborales, pese a que estos no dependen de su situación migratoria, como lo establece el derecho internacional. En Colombia, los tribunales han buscado la vigilancia y protección de los derechos laborales de los migrantes y a su vez, se dispone de diferentes mecanismos judiciales, como la Acción de Tutela, para prevenir la violación de estos.