El debido proceso es un derecho fundamental y garante del individuo para que todas las actuaciones judiciales y administrativas se lleven a cabo conforme a leyes preexistentes y con observancia de las formas propias de cada juicio. La Corte Constitucional de Colombia ha establecido que el debido proceso consolida la seguridad jurídica, el equilibrio, la finalidad de los procesos y el desarrollo del principio de legalidad. Dicho proceso incluye pautas que protegen los derechos del individuo en cualquier actuación judicial o administrativa.
Considerando los múltiples obstáculos que enfrenta la población migrante en Colombia, las organizaciones de Cooperación Internacional, a través de la financiación y ejecución de proyectos; los Consultorios jurídicos, por medio del acompañamiento legal; y las diferentes ramas del poder público, en razón del cumplimiento de sus funciones; se han esforzado por definir, proteger y aclarar los derechos de la población extranjera dentro del territorio.
