Esta primera sección sobre el derecho a la integridad personal se dedica a hacer un recuento de los pronunciamientos emitidos por el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura. En estos se ofrece un análisis de las obligaciones de los Estados parte a la luz de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1985), donde se considera el derecho a la integridad personal como una garantía que lleva inherente el respeto a la integridad física, psíquica y moral y la prohibición de ser sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes[1]
Estas convenciones tienen una relación estrecha con la movilidad humana, en especial con la figura del refugio o asilo y el principio de no devolución (prohibición de devolver a un solicitante de asilo a territorios donde su vida o libertad pueden verse amenazadas). Lo anterior, dado que los Estados parte se obligan a no proceder con la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que en el país de destino estará en peligro de ser sometida a tortura o tratos crueles. Aunado a lo anterior, se debe analizar si en el Estado de origen del solicitante de asilo existe un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos, con el fin de determinar si existen razones para la configuración de tratos crueles e inhumanos.
[1] Naciones Unidas. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. (1987) Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading Naciones Unidas. Convención de Derechos Humanos. (1985) Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/17229a.pdf
